El Expreso: Reestructuración de la justicia tiene 4 falencias

El Gobierno aún está en deuda con la reestructuración de la justicia. Y la veeduría internacional que trabaja sobre este proceso coincide en este punto.

En los tres informes preliminares, ellos cuestionan algunos temas. Los más importantes: el desarrollo del concurso de jueces y servidores judiciales, la capacitación y las condiciones en los centros de rehabilitación social. El trabajo de la veeduría tiene casi un año y, en muchos casos, sus recomendaciones no han sido acogidas.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía, dice que el balance de la Judicatura es más negativo que positivo. "El CJT anda en dirección opuesta a las necesidades de la sociedad y de los abogados".

Y pone un ejemplo: solo en Quito hay 40 sectores donde están regadas las dependencias judiciales. La dispersión, dice, imposibilita el libre ejercicio profesional de los abogados, que tienen que recorrer la ciudad, para la defensa de casos.

La veeduría no coincide con él. Ellos resaltan la inversión realizada en infraestructura.

Critican, en cambio, los concursos en sus tres informes. Entre las observaciones, están la falta de socialización de procesos de evaluación, la poca experiencia en la formulación de las pruebas psicológicas y en los evaluadores.

También, la revisión de las calificaciones por parte de los postulantes para las impugnaciones y los errores en la convocatoria inicial para el actual concurso de jueces y notarios.

En este último, la veeduría asegura que la convocatoria tuvo errores tipográficos y numéricos. "Ha sido común en los últimos dos concursos denominados 101 y 313 Jueces. Lo que perjudica una mejor participación de postulantes", señala el documento.

Otro de los cuestionamientos es la formación de funcionarios en el sistema judicial: los veedores consideran que los jueces no han tenido una preparación adecuada.

¿La sugerencia? La veeduría insiste en que el proyecto de la Escuela de la Función Judicial debe implementarse con una intensa capacitación. Para ello, manifiestan que se debe formar jueces y demás servidores de la Función Judicial, promoviendo iniciativas conjuntas con otros organismos similares a nivel mundial, que ayuden a cumplir dicha finalidad.

 

Sobre los centros de rehabilitación social, la veeduría insiste en la adopción de medidas legales para los privados de libertad que tienen entre 18 y 22 años. La idea es que este grupo cumpla su condena en centros o pabellones destinados solo para jóvenes, separados del resto de los privados de libertad.