Yasuní: Asamblea Nacional acelera y Corte Constitucional aún no se pronuncia

Este viernes el pleno de la Asamblea tramitará en primer debate la solicitud del presidente, Rafael Correa, para declarar de interés nacional la explotación petrolera de los Bloques 31 y 43 ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní.

El informe para este proceso lo aprobó el martes la Comisión de Biodiversidad, con 8 votos a favor y tres en contra.

Carlos Viteri (PAIS), presidente de la Comisión de Diversidad, defendió la sustentación del documento explicando que recibieron aportes de autoridades del Gobierno, sectores sociales, ciudadanos independientes y los estudios de otras cuatro comisiones. “Este informe es de enorme importancia para el presente y futuro del país”, manifestó.

Procedimiento rápido

Sectores de oposición consideran que el tema fue analizado sin profundidad y con una inusitada rapidez. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las Comisiones Especializadas tienen un plazo no menor a 15 días y no mayor a 45 días para entregar este tipo de informes para primer debate. La Comisión lo hizo en 19 días a partir de la fecha (30 de agosto) en que el Consejo de Administración Legislativa le encargó preparar dicho documento.

“Nosotros reclamamos a la Comisión el apuro que tiene para que se apruebe la resolución”, dijo el asambleísta César Solórzano (PSP). Añadió que los asambleístas de PAIS han caído en viejas prácticas políticas, pues luego de que se preparó un informe, aprobaron otro que fue remitido apenas dos horas antes de que se instalara la sesión. “El cronograma (de la Comisión) indica que tenían todo listo, de modo que todo va a ser muy rápido”, aseguró el legislador.

Marisol Peñafiel (PAIS) negó que haya tal apresuramiento y aseguró que se están cumpliendo los plazos estipulados en la normativa legislativa. “No estamos corriendo, no estamos apresurándonos”.

Añadió que ésta es una resolución trabajada con responsabilidad, descartó que se haya aprobado un documento diferente al propuesto inicialmente y criticó a la oposición por no haber contribuido con propuestas. “Lo que habíamos propuesto los miembros del movimiento Alianza PAIS es que la parte resolutiva que contenía dos o tres principios no eran los suficientes para un tema tan importante y ahí hicimos nuestros aportes y observaciones”, manifestó.

Decisión de Corte en espera

Mientras la Asamblea tiene ya gran parte del camino recorrido para aprobar la solicitud presidencial, la Corte Constitucional aún no emite su pronunciamiento sobre la calificación de tres propuestas para que se convoque a consulta popular, en la que se defina el tema, y una demanda de inconstitucionalidad a la solicitud presidencial. Dos de estas preguntas están en contra de la explotación, la otra es a favor.

La primera fue presentada por varios grupos sociales el 23 de agosto. La petición fue remitida por el constitucionalista Julio César Trujillo. “Sí es un contraste la celeridad con que se trata por un lado la solicitud del Presidente de la República y la mora, en cambio, en atender la petición de los ciudadanos”, comentó Trujillo.

A su criterio, el organismo constitucional le da poca importancia a estos pedidos, por lo que considera que debería ser la Asamblea, como representante del pueblo, la que se sume a la presión para que se convoque a consulta popular o esperar a que haya un pronunciamiento de la Corte. “Sin embargo, (la Asamblea) se adelanta en resolver sin tomar en cuenta lo que la opinión de todos aquellos a quien dice representar”, comentó Trujillo

En cambio para Peñafiel, tanto la Asamblea como la Corte realizan el trabajo que les corresponde en el marco legal.

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páginas contiene el informe de la Comisión de Biodiversidad para primer debate.

Puntos clave

Resolución de la Comisión de Biodiversidad

• Declarar de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 en una extensión no mayor al uno por mil del Parque Nacional Yasuní.
• Se excluye la zona intangible Tagaeri – Taromenane.
• La Función Ejecutiva instaurará un sistema de monitoreo de los impactos que las actividades extractivas autorizadas generen sobre las personas, pueblos en aislamiento voluntario y el ambiente en el Parque Yasuní. 
• El Ejecutivo implementará un programa de investigación sobre el patrimonio cultural, biológico y la biodiversidad de la zona.
• La operación de los bloques 31 y 43 será de responsabilidad de Petroamazonas.
• Constituir un observatorio ciudadano que realice un seguimiento a los procesos de exploración y explotación; el destino de los recursos y el cumplimiento de las medidas cautelares.
• Que el Estado continúe y fortalezca la inversión en el plan de manejo del Parque Yasuní.
• Requerir a la Función Ejecutiva que impulse una política de industrialización y procesamiento de crudo.
• Que los recursos sirvan para el cambio de matriz productiva, construir la sociedad del conocimiento, lo que implica que los recursos se inviertan en educación, investigación, ciencia, tecnología y salud.
• Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) priorizarán la inversión en servicios básicos, saneamiento, fomento de actividades productivas, vialidad rural.
• El Ejecutivo, en casos de avistamiento de los pueblos en aislamiento voluntario suspenderá las actividades.
• Todo procesamiento de crudo extraído de los bloques 31 y 43 se deberán realizar fuera del área del Parque Yasuní.
• Exhortar al Ejecutivo que promueva una política regional encaminada a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial.
• La Función Ejecutiva informará en forma semestral sobre el cumplimiento de esta resolución.

  

Fuente: La Hora