Otro caso de desvío de fondos públicos

En esta ocasión fue el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) la víctima de lo que sería una bien organizada red de personas que se dedica a desviar fondos públicos a cuentas privadas a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGEF).

En un caso previo registrado en el Ministerio del Ambiente, cuyo proceso legal pasó ya la fase de audiencia de juzgamiento de los 49 procesados y sólo se espera la pena para los que fueron hallados culpables, el desvío de fondos fue por más de 7 millones de dólares, y ahora en el Iniap la cifra supera el medio millón de dólares en seis transferencias, pero lo curioso del caso es que en este segundo hecho están procesadas personas que están siendo juzgadas también en el primero.

Como si se tratase de un libreto previamente establecido, en el Iniap se detectó el desvío de fondos públicos realizados por transferencias sin ningún respaldo, ya que se descubrió que los titulares de esas cuentas no tenían ninguna relación de dependencia con la institución.

Mismo método

Para cometer el ilícito, se utilizó la herramienta informática SIGEF desde el usuario que responde a los nombres de Wilmer Pérez Altamirano, funcionario del Iniap, y desde ahí se gestionaron las transferencias sin ningún tipo de documentos de respaldo y sin seguir el proceso de aprobación que normalmente se acostumbra en esta institución. Esto es, contar con la aprobación de Tesorería y de la Dirección Administrativa Financiera.

Las seis transferencias se hicieron el 15 de mayo de 2012 desde el usuario citado, por los siguientes montos: a Jorge Méndez Párraga, por 80.000 dólares; a José Chávez Cedeño, por 150.000 dólares; a Mayra García Mendoza, por 80.000 dólares; a Paula Jakle Tapia, por 80.000 dólares; a Laura Veloz Sornoza y a Jenny Veloz Sornoza, por 80.000 dólares, lo que da un total de 550.000 dólares, aunque la información del Iniap da cuenta de que el monto de las trasferencias es de 628.912 dólares.

Las hermanas Veloz Sornoza y la ecuatoriana canadiense Paula Jakle son las personas que también están siendo procesadas en el juicio que investiga el desvío de fondos en el Ministerio del Ambiente y por el cual están detenidas con orden de prisión preventiva, en el caso de Jakle por más de un año. Para el caso de las tres personas, ellas prestaron sus cuentas bancarias para que se hagan las transferencias.

Desde junio se investiga el caso

° Esta instrucción fiscal se inició en junio del presente año y el 4 de septiembre hubo la audiencia de vinculación de dos personas y recientemente, el 24 de octubre, se dio una segunda vinculación de seis sospechosos, tres de los cuales se encuentran prófugos de la justicia.

El proceso se tramita en el Juzgado Noveno de Garantías Penales de Pichincha y la fiscal Susana Rodríguez es la titular de la investigación.

12
años de prisión puede llegar a ser la condena para este tipo de delitos.

150
mil dólares fue la transferencia más alta que se hizo en este caso. 

Fuente: La Hora