El 89% de las denuncias de corrupción son desechadas

"Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten

a la participación ciudadana o generen corrupción”.

Inciso 4 del artículo 8 de la Constitución.
Sobre las atribuciones del Consejo.

 De las 130 denuncias de presuntos actos de corrupción, afectación a los derechos de participación o de falta de acceso a la información que el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) recibió en 2013, el 71% no fue admitido, el 18% fue archivado antes de empezar la investigación y sólo el 11% de los casos fue investigado. (Ver gráficos)

El consejero de minoría David Rosero hace sumas y dice que, entre el porcentaje de casos no admitidos y los archivados, hay un 89% que “no ha merecido una atención oportuna y adecuada”. Tampoco existe una explicación motivada y jurídica de por qué se archivó o no se admitió cada denuncia.

El 44% de denuncias es en contra de la Función Ejecutiva. Le sigue algún tipo de gobiernos locales.

Las cifras constan en un informe presentado por el consejero. Según Rosero, en 2012, el porcentaje de casos no admitidos o archivados fue de alrededor del 80%. Lo que quiere decir que habría un incremento del 9%.

En 2013, las denuncias de presuntas irregularidades se dan en casos o áreas administrativas, sobreprecios en la contratación pública, materia constitucional, penal o tributario...

Preocupación

El consejero evalúa estas estadísticas como “muy preocupantes” y a la acción del Consejo como “crítica”. Para él, la responsabilidad “recae en quien dirige la entidad y en una mayoría que toma decisiones en las sesiones del pleno”. Recordó el artículo 208 de la Constitución que da al organismo el poder de investigar estos actos.

Hasta el cierre de esta edición, La Hora buscó una versión de la vicepresidenta del Consejo, Mónica Banegas, sobre este informe, pero no hubo respuesta. En el organismo se anunció que este viernes habrá un pronunciamiento oficial.

El Reglamento del organismo dispone que los casos deben ser resueltos en 90 días (para emitir posibles indicios de responsabilidad, archivo o ampliación), “pero los funcionarios de la Secretaría se demoran hasta 2 años en dar una respuesta a la ciudadanía”, indicó el funcionario.

A criterio del analista político Simón Jaramillo, en este caso es el Consejo quien debería dar una explicación si hubiese alguna duda u objeción a su trabajo o que el organismo no estuviese cumpliendo sus atribuciones. Aclaró, además, que habría que analizar si cada caso fue sustanciado o no. (SC)

Fuente: La Hora